Hace más de una década vengo desgranando en este espacio cómo la medicina -o más bien, su manipulación a favor de los intereses de las grandes compañías del ramo- puede convertirse en un terreno minado para la salud pública.
La historia de la paroxetina, ese «milagroso» antidepresivo lanzado por GlaxoSmithKline (GSK), es un caso paradigmático del modo en que el sistema se pervierte: intereses privados por encima de la seguridad de los pacientes, publicación selectiva de datos, ocultamiento de graves daños y, en el epicentro, las víctimas silenciosas, los niños y jóvenes cuyas vidas han sido truncadas por una ciencia falseada.
Recientemente, el prestigioso epidemiólogo Peter C. Gøtzsche denunciaba en su cuenta de X (antes Twitter) el escándalo: «GlaxoSmithKline publicó un ensayo profundamente fraudulento de la paroxetina, impulsando así a que niños acabaran suicidándose». No son palabras huecas. Lamentablemente, la realidad es aún más cruda de lo que expone el reputado médico danés.
Para quienes me sigan desde hace tiempo, no es noticia que hemos documentado cómo GSK falsificó los ensayos clínicos para justificar la prescripción de paroxetina (Paxil, Seroxat) a menores, ocultando su ineficacia e incluso -como probó el análisis independiente publicado en el British Medical Journal– su capacidad para conducir a la muerte a algunos de los consumidores.
Ya advertimos: los laboratorios solo publican los resultados que favorecen la venta de su producto, relegando al olvido (o directamente camuflando) los hallazgos perjudiciales.
En 2015 relaté que en el ensayo clave de GSK, hasta 22 investigadores participaron en la «fabricación» de datos, y que la publicación científica que lo avaló nunca llegó a retractarse, aun cuando las consecuencias humanas son trágicamente palpables.
El propio Martin Keller, jefe de Psiquiatría y primer firmante del artículo, recibió durante años millonarias sumas de la industria, sospechosas de influir en sus resultados. Unos años antes ya publiqué que GSK se vio obligada a pagar más de 3.000 millones de dólares en sanciones por prácticas fraudulentas, promoción fuera de etiqueta para Paxil (paroxetina) y otros medicamentos, y por el ocultamiento de efectos adversos graves como los suicidios.
El manual de la ocultación
La perversidad del caso alcanza niveles grotescos si analizamos cómo GSK redactaba los informes de sus ensayos. Como documenté en 2015, la farmacéutica camuflaba intentos de suicidio bajo el eufemismo de «labilidad emocional», una alteración en la manifestación afectiva que nada tiene que ver con el impulso suicida.
Así, un adolescente que ingirió 80 comprimidos de Tylenol no fue anotado como intento de suicidio, sino como mera «labilidad emocional». Una verdadera guía de manipulación de datos, digna de estudio en facultades de Medicina… como advertencia.
No es casual. La estrategia era manipular las estadísticas para minimizar el daño atribuido al fármaco y, por tanto, evitar alarmas regulatorias. Así se logra que las agencias de medicamentos -teóricamente garantes de la salud pública- no inhabiliten la comercialización de un producto claramente peligroso.
En paralelo a esta manipulación, la historia clínica de la paroxetina ha estado jalonada de juicios y sentencias. Como conté en mi primer libro, Traficantes de salud, Glaxo tuvo que indemnizar con 7 millones de euros a una familia estadounidense tras una tragedia vinculada a la ingesta de paroxetina. Décadas de pleitos por adicción al medicamento jalonan su trayecto. Y durante todo este tiempo, ventas astronómicas: más de 3.000 millones de dólares anuales.
Organismos públicos rehenes de la industria
Es indignante observar cómo la Agencia estadounidense de medicamentos (FDA), la Agencia Española o la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) han actuado en este tipo de fraudes. ¿Quién vigila al vigilante? Las agencias, como en subrayado en ocasiones, han demostrado ser rehenes de la industria: bajan el nivel de exigencia en la aprobación de medicamentos, no contrastan datos con fuentes independientes y, a menudo, reciben financiación directa o indirecta de los mismos laboratorios a los que deberían controlar.
Por si fuera poco, la paradoja llega a lo macabro: mientras se reconoce el riesgo de ideación suicida en los propios prospectos, la estadounidense FDA autorizaba el uso de paroxetina bajo el nombre Brisdelle… para tratar los sofocos en la menopausia. Un despropósito regulatorio.
De fondo, las asociaciones profesionales de psiquiatras han sido cómplices por acción u omisión, fomentando rutinariamente la medicalización y recetando antidepresivos como quien reparte caramelos, muchas veces en contra de las evidencias independientes.
Los propios padres fundadores de la Medicina Basada en la Evidencia, como señalé en su momento, advierten de la corrupción sistemática del sistema científico por parte de los grandes laboratorios.
Desde que publiqué las primeras advertencias sobre la paroxetina, he recibido infinidad de testimonios de afectados y familiares. Madres preocupadas por hijos que, tras años medicándose, no mejoran e incluso empeoran hasta convertirse en sombras de sí mismos.
Pacientes que describen procesos de abstinencia inhumanos, efectos secundarios devastadores, adicción difícil de combatir y médicos que, en demasiadas ocasiones, responden únicamente con la receta del día.
Pero también he recibido relatos de quienes reconocen que el medicamento les ayudó en momentos críticos. Son menos, pero existen. Por eso insisto siempre en la necesidad del discernimiento clínico, de la personalización y de la supervisión médica honesta -no patrocinada por la industria-.
La clave, como tantas veces he repetido, no es demonizar todos los psicofármacos sino denunciar la falta de veracidad e independencia en la investigación que los legitima.
Resulta estremecedor comprobar cómo el fraude no es un hecho aislado. El caso paroxetina revela la dinámica habitual de la industria: manipulación de indicadores, compra de voluntades y producción de ciencia a la carta.
Como señalé tras el caso Avandia (otro producto GSK), esta forma de operar ha propiciado innumerables tragedias en todo el mundo. Basta leer los estudios más recientes y, más allá de las cifras, escuchar a quienes entierran a sus seres queridos tras un suicidio relacionado con estos medicamentos.
¿De quién es la culpa? Del sistema. De un modelo en el que los intereses económicos se imponen sobre el derecho fundamental a la salud. De reguladores complacientes y revistas que publican sin verificar, de facultativos mal formados en farmacovigilancia y de una ciudadanía engañada sistemáticamente por la retórica del progreso farmacológico.
El futuro: ¿hacia dónde caminamos?
Hace poco, tras otro escándalo mundial sobre la manipulación de datos en el desarrollo de nuevos medicamentos, me preguntaba si aprenderíamos algo. Gøtzsche, en su reciente denuncia pública, no hace más que reiterar lo que muchos llevamos años advirtiendo: el silencio y la tibieza solo alimentan nuevas víctimas.
Es urgente una refundación del sistema de evidencia científica, mayor transparencia en los ensayos, auditoría independiente y, sobre todo, una ética profesional que anteponga la vida y la salud al beneficio económico.
Mientras tanto, el mejor antídoto es la información crítica, el apoyo a las víctimas y la presión ciudadana. Si alguien duda de la necesidad de exigir transparencia, que lea las decenas de testimonios que han llegado a este blog desde 2015 y que reflejan, en carne viva, el daño causado por la connivencia entre la ciencia y el mercado.
No debemos olvidar lo esencial: ningún beneficio económico puede justificar una sola vida truncada. Exijamos otro modelo de salud. Digamos basta al fraude médico y al encubrimiento institucional.