Uno de los mayores problemas de la medicación psiquiátrica es su peligrosidad y su imprevisibilidad. No se han hecho en ningún caso, estudios serios con mujeres embarazadas ni de los problemas que puede sufrir el feto o el recién nacido de madres tratadas con esta medicación, y de ello da cuenta el último gran caso -la carbamazepina-. Los pocos estudios que se han hecho y la evidencia práctica nos indican que nos encontramos en una situación dantesca. En algunos países se han establecido protocolos médicos para atender los partos de mujeres que seguían un tratamiento psiquiátrico, a sabiendas de las graves alteraciones neurológicas con las que nacen los niños. Pero en España la realidad es que no existe ni un solo protocolo para proteger a los niños que nacen de madres que siguen cualquier tratamiento psiquiátrico. En España se ha preferido ir por el camino de las esterilizaciones forzadas y los abortos coactivos.

En cuanto a las esterilizaciones forzadas tenemos que la estadística oficial -es decir, los casos en los que un juez ha autorizado la esterilización de un ser humano “por su bien”- es de una centena de casos al año -98 en 2018-, existiendo un número indeterminado de esterilizaciones o de contracepción involuntaria que no se puede determinar -implantes, inyecciones, etc.-. Por otra parte hemos detectado y documentado casos en España de aborto forzado, por el que se obliga a las pacientes psiquiátricas a abortar mediante coacciones, internamientos involuntarios y sedación. La excusa es que se afirma por los profesionales sanitarios, sociales y jurídicos que las pacientes bajo tratamiento psiquiátrico no están capacitadas ni preparadas para cuidar a unos niños o mantener a una familia, cuando en la realidad lo que se pretende es ocultar al máximo los graves efectos secundarios que produce la medicación.

Cuando se esteriliza, se hace con la excusa jurídica de “defender sus derechos sexuales y reproductivos” y al pleno disfrute de su sexualidad, pero cuando se obliga a abortar se hace con la excusa contraria y por el bien -!- del menor por nacer. Parece incongruente y arbitrario que se permita y estimule el ejercicio de la sexualidad mientras se limita el derecho a formar una familia porque se parte de premisas falsas, de una estigmatización injusta y de una eugenesia que creíamos aberrante y olvidada.

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