La fundación pide al Juzgado de lo Penal que la joven reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Guillermo Altarriba Vilanova / Barcelona 25 mar. 2026
a Fundación Española de Abogados Cristianos (AC) ha pedido al Juzgado de lo Penal medidas cautelarísimas para suspender la eutanasia de Noelia C. R., la joven de Barcelona cuyo padre lleva 20 meses luchando en los tribunales para que no se le aplique la muerte asistida, y que finalmente la recibirá este jueves por la tarde, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) descartase paralizar la eutanasia.
Este miércoles, AC ha pedido que Noelia reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico previo a practicarle la eutanasia. «Noelia tenía una discapacidad reconocida del 67% por enfermedad mental», que aumentó “al 74%» después de que intentase suicidarse tras sufrir una agresión sexual grupal. «Esto evidencia que el problema de fondo es psiquiátrico», aseguran desde AC, que han llevado la defensa del padre de Noelia.
Noelia sufrió una infancia complicada, ya que pasó al sistema de protección de menores tras el divorcio de sus padres. El intento de suicidio que padeció en 2022, tras el cual quedó parapléjica y con un dolor constante. El 10 de abril de 2024, Noelia pidió la eutanasia, y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) se la aceptó por unanimidad. Su padre recurrió ante la justicia, abriendo un periplo legal, agotando todas las vías legales españolas y llegando hasta la justicia europea, que dio de facto luz verde a la eutanasia hace unos días.Este miércoles, la titular de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha denegado la petición de medidas cautelarísimas presentada por AC el 19 de marzo, alegando no ser el órgano competente para ello, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Sobre la petición realizada este mismo miércoles aún no hay respuesta, informan desde AC.
Un problema «estructural»
Desde la fundación aseguran que el caso «evidencia un problema estructural de la legislación: la ausencia de protocolos obligatorios en personas con enfermedad mental antes de autorizar la eutanasia». AC critica que «actualmente [Noelia] no está siguiendo ningún tratamiento psicológico o psiquiátrico» y denuncia que «la legislación vigente no exige ningún intento previo de tratamiento antes de autorizar la eutanasia».
«Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar», señalan. La fundación considera que en este caso «no puede hablarse de una decisión plenamente libre, sino de un sistema que permite una muerte sin haber garantizado previamente todas las alternativas de ayuda» y advierte de que «puede sentar un precedente peligroso».
Desde Abogados Cristianos han anunciado que, en caso de que no se suspenda la eutanasia, impulsarán «cambios legales para exigir protocolos obligatorios previos en salud mental, que incluyan tratamiento psicológico, evaluación psiquiátrica independiente y un intento real de recuperación».
«El caso Noelia evidencia el mayor fallo de la ley de eutanasia. Antes de abocarla al suicidio, el Estado debe garantizar que ha ofrecido todas las alternativas de vida», ha subrayado la presidenta de la entidad, Polonia Castellanos. En un vídeo publicado en X, Castellanos insiste en que el trastorno de Noelia «es tratable», y que su muerte «certificará que la ley de eutanasia en España no es garantista: busca descartar a las personas más indefensas».
Dos casos abiertos
Pase lo que pase este jueves, siguen abiertos dos procedimientos penales ligados al caso de Noelia: uno contra la dupla médico-forense que elaboró la valoración favorable a la eutanasia de Noelia, a quienes se acusa de falsedad en documento público y prevaricación por haber simulado un desacuerdo inexistente para elevar el asunto al pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación, alterando así el cauce legalmente previsto y blindando administrativamente la autorización.
El segundo es una querella contra varios miembros de la CGAC, como el exconsejero de Salud Josep Maria Argimon, acusándoles de presentar vínculos incompatibles con la imparcialidad, al estar relacionados con entidades activistas proeutanasia o con organismos interesados en la obtención de órganos.