La reforma legal de 2021 pretendía acabar con la incapacitación y apostar por el apoyo en la toma de decisiones
Muchos casos siguen evidenciando la distancia entre la ley y la práctica
Marc Darriba 05 MAY 202
Cuando Albert Díaz cumplió 18 años, no ganó autonomía: la perdió. Un juzgado le incapacitó y dejó en manos de sus padres las decisiones fundamentales sobre su vida. “Decidieron por mí incluso en mi propio cuerpo”, recuerda. En su caso, la incapacitación legal no solo implicaba no poder tomar decisiones económicas o jurídicas, sino quedar fuera del centro de su propia vida. La decisión más extrema llegó con una vasectomía acordada el mismo año en que alcanzó la mayoría de edad: una intervención que él no eligió y que resume hasta qué punto otras personas toman decisiones íntimas en su nombre. Albert diagnosticado Trastorno Límite de Personalidad (TLP).
Cumplir 18 años y dejar de decidir
“No me lo preguntaron”, resume Albert. Durante años, situaciones como la suya han formado parte de lo que algunos juristas han denominado “muerte civil”: la pérdida práctica de la capacidad de decidir sobre la propia vida, aunque la persona siga siendo legalmente adulta.
Venimos de un sistema muy paternalista, en el que se tomaban decisiones por las personas porque se consideraba que era lo mejor para ellas
Hasta la reforma legal estatal de 2021, el sistema se basaba en la incapacitación y la sustitución de la voluntad, con figuras que permitían que terceras personas tomaran decisiones en nombre de quien se consideraba que no podía hacerlo por sí misma. La nueva legislación pretende dar la vuelta a este modelo y apuesta por un sistema de apoyos, pero el caso de Albert evidencia hasta qué punto el cambio de paradigma todavía no ha llegado del todo a la práctica.
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«Por tu bien»
Este modelo respondía a la idea de proteger a la persona incluso a costa de su autonomía. “Venimos de un sistema muy paternalista, en el que se tomaban decisiones por las personas porque se consideraba que era lo mejor para ellas”, explica Ivan Cano, anterior responsable de derechos e incidencia de Salut Mental Catalunya.
La incapacitación legal permitía sustituir la voluntad en ámbitos clave como el dinero, la salud o el lugar de residencia. El objetivo era evitar riesgos, pero también implicaba desplazar a la persona del centro de las decisiones que afectan a su vida.
El cambio normativo de 2021 intenta romper con esta lógica y apuesta por un sistema de apoyos que respete la voluntad y las preferencias de la persona. “No se trata de decidir por ella, sino de ayudarla a decidir”, resume el psicólogo pericial Txus Carilla.
Sobre el papel, el giro es claro. En la práctica, no siempre lo es. “Nos encontramos todavía con dinámicas muy arraigadas y con dificultades para adaptar el sistema a este nuevo modelo”, apunta el abogado y activista en salud mental Manel Atserias.
Una reforma que no siempre llega
El principal obstáculo es que este cambio de modelo no siempre se traduce en la práctica. Una de las figuras clave de la reforma, el facilitador judicial —pensado para ayudar a las personas a entender los procesos y expresar su voluntad— sigue siendo prácticamente inexistente en muchos procedimientos.
“La ley es muy avanzada, pero luego faltan los mecanismos para que esto funcione de verdad”, advierte Cano. Sin estos apoyos, el riesgo es que las decisiones sigan tomándose de la misma manera, aunque el marco legal haya cambiado. “Explicar, acompañar y dar tiempo son cosas básicas, pero el sistema no siempre está preparado para hacerlo”, apunta Carilla.
El derecho a equivocarse
Hoy, Albert intenta recuperar ese espacio de decisión que durante años le fue negado. Trabaja, ejerce de activista en Obertament, participa en entidades de su entorno y se implica en la vida de su municipio, en un proceso que define como lento pero sostenido. “Ser yo mismo y creer en mí mismo”, dice cuando se le pregunta qué quiere.
No necesito que me digas que hay un agujero, déjame caerme y ya no volveré a tropezar
Albert Díaz
Su vida actual contrasta con la de aquellos años en los que, como explica, “no tenía acceso ni a mi propio dinero” y cualquier decisión tenía que pasar por otros. Este camino no está exento de dificultades. El miedo a volver a perder el control sobre su vida o a no ser considerado capaz sigue presente. “Que me prohíban cosas, que me quiten derechos”, resume.
Aun así, lo que reclama no es ausencia de ayuda, sino otra manera de entenderla: más basada en el acompañamiento que en la sustitución. “Necesito equivocarme”, concluye. “No necesito que me digas que hay un agujero, déjame caerme y ya no volveré a tropezar”.