Peter C. Gøtzsche, MD 6 noviembre, 2026
Es muy difícil ganar demandas por negligencia psiquiátrica, especialmente las relacionadas con la administración forzada de antipsicóticos.1 Una de las razones es, tal y como ha observado el abogado Jim Gottstein en Alaska,2 y como yo mismo he podido comprobar en varias ocasiones, que los psiquiatras suelen tergiversar las pruebas ante los tribunales: sobre el grado de gravedad de la enfermedad de sus pacientes; sobre los resultados milagrosos que pueden lograr con los antipsicóticos; y afirmando que los pacientes los han tolerado bien, algo con lo que los pacientes no están de acuerdo.3
Al analizar 30 casos consecutivos de Dinamarca y 30 casos consecutivos de Alaska, en los que los pacientes habían recurrido órdenes de tratamiento forzoso, descubrí que los procedimientos legales eran una farsa en la que los pacientes se encontraban indefensos, y que se había infringido la ley en todos y cada uno de los casos.
Otra razón por la que es difícil ganar los juicios es que los jueces tienen tanto respeto por la autoridad que no les importó lo más mínimo cuando yo, otros peritos y los abogados de los demandantes, como Gottstein, demostramos ante el tribunal que los catedráticos de psiquiatría y otros expertos estaban mintiendo.1,2,5
Una tercera razón por la que resulta tan difícil obtener justicia es que las resoluciones del Defensor del Pueblo y del Tribunal Supremo se ignoran sistemáticamente. 1 En Noruega, el Defensor del Pueblo concluyó en 2018 que el tratamiento forzoso con un antipsicótico en un caso concreto había infringido la ley.⁶ La ley estipula que la medicación forzosa puede utilizarse cuando, «con alta probabilidad, pueda conducir a la recuperación o a una mejora significativa del estado del paciente, o si evita un empeoramiento significativo de la enfermedad». Remitiéndose a la ciencia, el Defensor del Pueblo señaló que la probabilidad de lograr la mejoría prevista es muy baja.
A pesar del dictamen del Defensor del Pueblo, esta práctica poco ética simplemente continuó. Por lo tanto, resulta muy significativo, también en un contexto internacional, que recientemente se hayan ganado cuatro casos judiciales en Noruega —tres de ellos relacionados con los antipsicóticos—.
En 2024, fui perito en un juicio contra el Estado noruego ante el Tribunal de Distrito de Oslo.⁵ Se perdió debido a la incompetencia del juez, pero el Tribunal de Apelación, que equivale al Tribunal Superior de otros países, dictaminó en 2026 que se habían violado los derechos humanos al someter a Inger-Mari Eidsvik a un tratamiento forzoso con antipsicóticos y a un caso de aislamiento.
Había sido muy difícil llegar hasta allí. Los abogados de Inger-Mari llevaban más de tres años luchando de forma gratuita por el derecho a demandar al Estado por múltiples violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las convenciones de la ONU y la Constitución noruega. Tras haber perdido en dos tribunales de instancia, ganaron en el Tribunal Supremo y se les permitió seguir adelante con el primer caso de la historia que cuestionaba el tratamiento coercitivo en psiquiatría.
Aquí describo otros tres casos noruegos. Conocí a las tres mujeres implicadas en el festival de cine «Mad in Norway» en septiembre de 2026, donde mi director y yo proyectamos nuestro documental «La ilusión de la psiquiatría».⁷ Mi relato se basa en documentos judiciales e información personal.
Helen Wesnes
La historia de Helen es tan espantosa que cuesta creer que algo así pueda ocurrir en un país civilizado. Sufrió una agresión sexual cuando tenía casi veinte años y tuvo que lidiar con el insomnio y las pesadillas. Al final, aceptó pasar dos semanas ingresada en un hospital psiquiátrico, tal y como le había sugerido un psicólogo.
Dos semanas se convirtieron en nueve años. Helen pasó nueve años seguidos en el Hospital de Reinsvoll desde el año 2000, cuando solo tenía 20 años. ¡NUEVE AÑOS!
Posteriormente, entre 2009 y 2015, permaneció en una residencia asistida donde fue sometida a medicación forzada. En total, estuvo sometida a tratamiento forzado durante 15 años.
Desde el primer día, le recetaron un antidepresivo y, poco después, también recibió antipsicóticos, benzodiazepinas, un antiepiléptico, un estimulante y litio. Se le diagnosticó erróneamente esquizofrenia hebefrénica, pero el litio no es eficaz para la esquizofrenia.⁸,⁹ Además, tratar a Helen con Leponex (clozapina) y Abilify (aripiprazol) simultáneamente constituyó una negligencia médica. Las directrices nacionales¹⁰ e internacionales desaconsejan el uso simultáneo de dos antipsicóticos, y hay razones de peso para ello. El beneficio no aumenta al incrementar la dosis¹¹, pero el riesgo de muerte por estos fármacos altamente tóxicos está, por supuesto, relacionado con la dosis.¹²
Leponex es un fármaco especialmente tóxico, que no resulta más eficaz que otros antipsicóticos⁸ y, según declaró un experto ante el tribunal, nunca debería haberse utilizado. No es un fármaco de primera línea, pero se le recetó sin consultar a otros médicos.
Además, los antipsicóticos no tienen ningún efecto sobre los traumas y le causaron graves daños.
Helen sufrió babeo, incontinencia, un aumento de peso considerable, embotamiento mental, deterioro cognitivo, hipotensión y síncopes.
Al principio, recibió psicoterapia, que resultó beneficiosa. Pero cuando su terapeuta fue trasladado a otro departamento, se interrumpió el tratamiento y su estado se deterioró notablemente. El experto consideró que, si Helen hubiera recibido psicoterapia en lugar de antipsicóticos, probablemente se habría recuperado al cabo de un año, en lugar de pasar 15 años en condiciones insoportables.
En 2001, Helen informó a sus psiquiatras de que había sufrido una agresión sexual y que esto le había provocado problemas de salud mental. Sin embargo, no se inició ninguna evaluación ni tratamiento para el trauma y se la privó de su libertad durante 15 años.
La lucha de Helen por la justicia comenzó en 2016 y aún no ha terminado. En un primer momento, el Sistema Noruego de Indemnización por Daños a Pacientes (NPE) y la Junta de Daños a Pacientes concluyeron que no tenía derecho a indemnización porque no había sufrido ninguna lesión derivada de un fallo, un tratamiento inadecuado o un tratamiento negligente.
En 2022, Helen presentó una demanda contra el Estado solicitando una indemnización por el sufrimiento causado por la violación de sus derechos humanos fundamentales. Poco antes de que el caso llegara a juicio, el procedimiento se suspendió porque Helen y su abogado descubrieron que el NPE no había obtenido los historiales de enfermería del Hospital de Reinsvoll. Como consecuencia, la NPE reabrió el caso y, sin necesidad de acudir a los tribunales, en 2024 se concedió a Helen una indemnización de 7 790 000 NOK por lucro cesante y lesiones permanentes derivadas del tratamiento, así como 33 207 NOK para cubrir las costas judiciales.
El abogado de Helen interpuso una demanda contra la NPE porque no estaba de acuerdo con la valoración que esta había hecho del alcance de su lucro cesante, así como de la gravedad del daño físico y psicológico que había sufrido a causa del tratamiento. Está previsto que el Tribunal de Distrito examine esa parte del caso en febrero de 2027.
En 2026, el Tribunal de Distrito concedió a Helen una indemnización de 4 500 000 NOK por la violación de los artículos 3, 5 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)¹³, además de 1 179 375 NOK en concepto de costas judiciales. La parte del caso contra el Estado noruego relativa a la reclamación de indemnización por lucro cesante sigue siendo objeto de examen por parte del Tribunal de Distrito. Por su parte, el Estado recurrió la sentencia en septiembre de 2026 ante el Tribunal Superior, alegando que el Tribunal de Distrito había incurrido en errores en la valoración de las pruebas y en la aplicación de la ley.
No creo que el Estado salga victorioso, ya que el caso está muy claro. La sentencia del Tribunal de Distrito es inusualmente severa. La evaluación y el diagnóstico de Helen no se ajustaron a los estándares médicos; ni siquiera fue posible rastrear cómo se llegó al primer diagnóstico, el trastorno esquizoafectivo. Al parecer, el consultor jefe Jan Wollenberg no consultó con otros médicos que conocían a Helen mejor que él para discutir su diagnóstico.
El diagnóstico de esquizofrenia hebefrénica también fue erróneo, y el Tribunal dictaminó que no estaba justificado recurrir al tratamiento forzoso, ya que Helen no padecía un trastorno psiquiátrico grave. Sin embargo, en tan solo tres años, fue inmovilizada mecánicamente con correas en 67 ocasiones, durante un total de 153 horas.
Helen fue sometida a un tratamiento médico que infringía el artículo 3 del CEDH (Prohibición de la tortura) y a una privación ilegal de libertad, en contravención del artículo 5 (Derecho a la libertad y a la seguridad).
El trato que recibió Helen fue extremadamente inhumano y poco profesional. Cuando las enfermeras sospecharon que ocultaba pastillas o que las escupía, se decidió mantenerla en observación durante 30 minutos tras administrarle la medicación, para asegurarse de que se la tomaba. El personal llegó incluso a revisarle la cavidad bucal para confirmar que se las había tragado.
Helen sufría temblores provocados por los antipsicóticos y el personal observó que, cuando intentaba hacer fotografías, tardaba mucho tiempo en enfocar la cámara porque le temblaban mucho las manos. El veredicto señaló que, por cierto, es una fotógrafa excepcional.
Los análisis de los niveles séricos de Helen revelaron concentraciones muy elevadas de medicación. Sin embargo, no se realizaron ajustes en la dosis a pesar de que estaba claro que era una metabolizadora lenta. Esto constituyó una grave negligencia médica. Las evaluaciones y los ajustes de dosis se llevaron a cabo de forma muy limitada, a pesar de que sufría graves daños y mostraba muy pocos signos de mejoría. El tribunal consideró que esto constituía un trato degradante y suponía una violación del artículo 3 (Prohibición de la tortura).
A Helen se le negó el contacto con el mundo exterior hasta tal punto que ello constituyó una violación del artículo 3 o, alternativamente, del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). A nadie de la unidad se le permitía hablar con ella sobre temas difíciles, lo cual es terriblemente inhumano y reduce las posibilidades de recuperación, ya que mantener relaciones es muy importante para la recuperación.⁸ Su persona de contacto principal le indicó que guardara todos los pensamientos y sentimientos dolorosos en una caja imaginaria.
Helen no tenía nada con lo que ocupar su tiempo y solo se le permitía utilizar el equipo fotográfico y un ordenador durante breves periodos. También se le impusieron restricciones a la hora de llevar un diario o escribir otros textos, lo que le dificultaba mantener correspondencia. Solo se le permitía escribir durante breves periodos a lo largo del día, y solo podía recibir visitas de su familia durante 30 minutos, en presencia del personal, lo que hacía que sus conversaciones fueran en gran medida superficiales.
Al parecer, el motivo de las restricciones era que se ponía nerviosa ante un exceso de estímulos. Estoy convencido de que el escaso contacto que tenía con otras personas le recordaba cómo era su vida antes de acabar en un pabellón psiquiátrico y que, por lo tanto, era una reacción natural que se pusiera «nerviosa» después. La mayoría de la gente habría reaccionado de la misma manera.
A Helen no se le permitía tener un teléfono móvil y solo se le permitía utilizar un ordenador y equipo fotográfico durante una hora (30 minutos por turno). Una Nochebuena, pudo visitar la casa de sus padres durante una hora y media, acompañada por el personal. Cuando falleció su abuela, se le permitió asistir a la misa fúnebre, pero no a la reunión familiar que tuvo lugar a continuación. A la madre de Helen se le indicó que evitara el contacto físico con su hija y no se le permitió darle masajes.
En 2005, se le prohibió a Helen utilizar equipos de fotografía y grabación dentro de la sala o en el recinto del hospital, lo cual resultaba especialmente humillante, ya que la fotografía era su pasión y siempre era muy cuidadosa a la hora de elegir qué fotografiar.
Las restricciones constituían una injerencia en el derecho de Helen a la vida familiar, lo que suponía una violación del artículo 8, y, consideradas en su conjunto —incluida su imposibilidad de escribir libremente—, las restricciones también constituían un trato degradante con arreglo al artículo 3, relativo a la tortura.
Durante el juicio, Helen se negó a conceder una exención general del deber de confidencialidad para el personal de Reinsvoll. El Estado argumentó que, dado que ella no había cumplido con su obligación de facilitar información, cualquier incertidumbre respecto a las pruebas debía resolverse en su contra.
Sin embargo, Helen había manifestado que el Estado podía realizar entrevistas a empleados actuales o antiguos de Reinsvoll, siempre que ella misma estuviera presente, lo que el Estado consideró inaceptable.
La razón por la que Helen se negó a conceder una exención general es que desconfiaba de las autoridades, algo para lo que tenía todas las razones del mundo, dadas sus experiencias.
En dos ocasiones, Helen fue víctima de actos violentos por parte de otros pacientes. El hecho de que no se impidiera la violencia y la insuficiencia de la atención de seguimiento que recibió tras los incidentes constituyeron una violación del artículo 3 o, alternativamente, del artículo 8. En una ocasión, una compañera de hospital la golpeó repetidamente —sin que ella hubiera hecho nada para provocarlo— y la agarró por el cuello. Esto ocurrió en las zonas comunes de la sala, en un momento en el que no había personal presente. Helen temió por su vida y el incidente le resultó profundamente traumático. Un psiquiatra describió el suceso como extremadamente grave, señalando que el desenlace podría haber sido nefasto si nadie hubiera intervenido.
Había planes para reducir la dosis de Leponex de Helen, pero debido a la creciente agitación provocada por otro ataque de un paciente durante las actividades del hospital, se decidió detener el proceso de reducción gradual. Así pues, Helen fue castigada dos veces, y la atención de seguimiento que recibió tras estos dos incidentes —o, más bien, la falta de la misma— quedó mal documentada. No se le permitió hablar con nadie sobre los ataques.
A Helen le administraron medicamentos hasta 2014. Luchó durante mucho tiempo para que le redujeran la dosis de Leponex, ya que había enfermado gravemente a causa de sus efectos nocivos. Sin embargo, solo le permitieron reducciones muy leves de la dosis. Al final, ella misma dejó de tomar Leponex, muy rápidamente, en pocos pasos, y dejó la medicación en unos pocos meses. Durante la reducción gradual de la dosis, desarrolló un insomnio grave y tuvo que acudir al Hospital de Reinsvoll en busca de ayuda. Fue entonces cuando el personal médico se dio cuenta de que había sido mal diagnosticada y sometida a un tratamiento inadecuado.
El hospital suspendió los medicamentos restantes de forma prácticamente brusca, en un plazo de tan solo 10 a 14 días, tras lo cual la enviaron a casa. Se trató de una grave negligencia médica. Los síntomas de abstinencia incluyen la acatisia, que aumenta notablemente el riesgo de suicidio.⁸ Helen enfermó gravemente y fue hospitalizada con síntomas de abstinencia graves que duraron varios meses.
Hilde Marie Rekstad
Marie padecía depresión y ansiedad, y le diagnosticaron un trastorno bipolar atípico. Mucho más tarde, puso en duda el diagnóstico porque no se sentía bipolar y este se había establecido sin una evaluación adecuada.
Sus psiquiatras nunca le preguntaron cómo se encontraba ni por qué estaba deprimida. Lo interpretaron como un trastorno biológico porque a su abuelo paterno le habían diagnosticado algo similar en algún momento de la década de 1940. Marie no se atrevió a decirles que su matrimonio era infeliz porque temía perder a sus hijos. La interpretación biomédica errónea tuvo graves consecuencias tanto para ella como para sus hijos.
A Marie le administraron electrochoques y grandes dosis de antidepresivos, antipsicóticos, litio, antiepilépticos y benzodiazepinas, lo que le provocó intoxicación. Cuando se quejó de ello, sus psiquiatras se negaron a examinarla y afirmaron que no tenía conciencia de su enfermedad. Uno de los riñones y las glándulas paratiroideas se vieron afectados, pero la dieron de alta del hospital en muy mal estado.
Se salvó la vida huyendo al extranjero y sin decirle a nadie que era una paciente psiquiátrica, lo que hizo que finalmente la examinaran adecuadamente.
Recibió dosis elevadas de litio durante 14 años y desarrolló daño renal, lo cual es un efecto adverso bien conocido y una de las razones por las que se deben medir periódicamente las concentraciones séricas de litio. Sin embargo, su médico de cabecera se había olvidado de ella y, por lo tanto, no lo había hecho. Marie presentó una reclamación ante el Sistema Noruego de Indemnización por Daños a los Pacientes (NPE).
Esta rechazó su reclamación. Fuentes anónimas han revelado que se ha ordenado a esta autoridad que rechace prácticamente todas las reclamaciones de indemnización económica por negligencia médica. Esto bien podría ser cierto, ya que, si la autoridad se tomara en serio las reclamaciones y concediera indemnizaciones cuando estuvieran justificadas, el número de reclamaciones y de indemnizaciones concedidas se dispararía, dado que la negligencia es muy habitual en psiquiatría.2,8
Los argumentos de la autoridad no resultaron convincentes y el abogado de Marie recurrió la resolución, ya que detectó errores tanto en la aplicación de la ley como en la valoración de las pruebas. En 2016, la resolución fue desestimada por el gobernador del condado (Fylkesmannen), quien concluyó que el médico de cabecera había infringido la ley y no había cumplido con el nivel profesional esperado.
Marie pasó a cobrar una pensión por discapacidad y perdió 14 años en el ámbito de la psiquiatría. Pero, tras decidir dejar la medicación, recuperó su vida y volvió a trabajar. Escribió un libro conmovedor sobre sus experiencias.
En 2021, Marie recibió de la NPE 3 287 454 NOK por pérdida de ingresos, 15 000 NOK por lesiones y 31 969 NOK por gastos judiciales.
Helena Münster
En mayo de 2026, el Juzgado de Primera Instancia dictaminó que no se cumplían los requisitos para mantener la atención psiquiátrica obligatoria del hijo de Helena, de 29 años.
A su hijo le diagnosticaron TDAH en 2008, pero tanto él como su madre creen que padece el síndrome de Asperger, lo que actualmente se denomina «trastorno del espectro autista». En 2021, se sometió a una evaluación en el Hospital Universitario de Akershus, que concluyó que, con «alta probabilidad», padecía un trastorno del espectro autista. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo hospital concluyó que no cumplía los criterios para este diagnóstico. Le diagnosticaron esquizofrenia hebefrénica y le iniciaron un tratamiento con Leponex.
Dado que sus síntomas psicóticos estaban inducidos por sustancias, existía incertidumbre en torno al diagnóstico, pero el Tribunal consideró probable que padeciera un trastorno del espectro autista. El Tribunal señaló que los síntomas y características específicos de la esquizofrenia y de los trastornos del espectro autista pueden solaparse, y que las personas con trastornos del espectro autista presentan un mayor riesgo de desarrollar síntomas psicóticos.
El Tribunal señaló asimismo que no estuvo sin medicación durante el periodo de observación y que consumió sustancias psicoactivas, como anfetaminas y cocaína, lo que respaldaba la opinión del Tribunal sobre la incertidumbre en torno al diagnóstico.
Efectivamente. He defendido que debería ser ilegal diagnosticar a personas mientras se encuentran bajo los efectos de sustancias psicoactivas, ya que es imposible saber si lo que se observa son simplemente efectos adversos de las drogas o algún trastorno mental grave.
El Tribunal consideró que no estaba claro si sus síntomas eran de tal naturaleza y gravedad que constituyeran un trastorno mental grave en el sentido de la ley y pudieran justificar un tratamiento forzoso.
Además, no se había observado ninguna mejoría como consecuencia del tratamiento obligatorio; al contrario, tal y como explicaron su madre y su abuela materna ante el tribunal, su estado había empeorado significativamente. Se había vuelto apático, dormía mucho, estaba deprimido y había ganado una cantidad considerable de peso. Su familia explicó que antes se interesaba por el ejercicio físico, pero que ahora carecía de energía, se mostraba pasivo, deprimido y apático, y que su vida carecía de cualquier contenido significativo. Él mismo declaró que, durante su estancia en Akershus, había recurrido al consumo de sustancias para poder llevar a cabo actividades cotidianas, como levantarse de la cama y ducharse.
El Tribunal consideró que no se podía seguir recurriendo a la coacción y que el tratamiento obligatorio no era, claramente, la mejor solución para él. El demandante encontraba la coacción sumamente angustiosa; había perdido la confianza en el sistema; se veía gravemente afectado físicamente por los efectos nocivos de las drogas; y sufría una pérdida de autonomía que le impedía realizar actividades significativas, como hacer ejercicio, pasear por la naturaleza y mantener el contacto con su familia.
El Tribunal consideró que el diagnóstico dudoso —esquizofrenia hebefrénica— le impedía recibir la ayuda adecuada, a saber, la terapia cognitivo-conductual. El Tribunal coincidió en que el tratamiento con Leponex le había dejado tan desprovisto de energía que se veía obligado a recurrir al consumo de sustancias solo para poder llevar a cabo las actividades cotidianas normales.
Los argumentos del Estado fueron lamentables. Afirmaron que padecía esquizofrenia hebefrénica, a pesar de que el abuso de sustancias puede provocar psicosis, y alegaron que había mejorado con Leponex, según el médico responsable, ignorando que los médicos tienen un enorme conflicto de intereses cuando se les pregunta si un paciente ha mejorado con sus medicamentos tóxicos.
Helena me contó que el psiquiatra de su hijo, responsable del tratamiento obligatorio, había afirmado haber observado un efecto positivo de los antipsicóticos y que, a pesar de que Helena había denunciado en repetidas ocasiones lo destructivos que habían sido los medicamentos, él había seguido manteniendo su postura.
Al igual que este psiquiatra, el Estado también recurrió a una ilusión: «Debe de haber margen para una mejora adicional», y postuló que no se podía dar mucho peso al relato del propio hijo de Helen porque carecía de conciencia de su enfermedad y tampoco tenía capacidad para dar su consentimiento.
Sin duda tenía capacidad para dar su consentimiento. Estaba bien informado sobre la medicación, quería que le ayudaran y tenía una visión razonablemente realista de su situación.
El Tribunal no consideró que se hubiera producido una mejora significativa ni que hubiera pruebas que sugirieran un potencial de mejora adicional. Llevaba 2 o 3 meses en tratamiento, sin que se hubiera demostrado ninguna mejora significativa.
Su bajo nivel de funcionamiento quedó patente por su comportamiento en el tribunal. Se quedó dormida mientras estaba sentada en la sala y tuvo que abandonar la vista para dormir en su coche. Durante su testimonio, se mostró emocionalmente apática y distante.
Había sido tratada con medicación antipsicótica durante un largo periodo sin que se hubiera demostrado ningún efecto positivo significativo, y se habían probado varios tipos diferentes de antipsicóticos, cada uno de ellos durante un periodo relativamente corto.
Cambiar de medicamento no es una buena práctica médica, ya que no hay pruebas de que resulte beneficioso. En psiquiatría, cambiar a otro medicamento de la misma clase, añadir otro medicamento de la misma clase o añadir un medicamento de otra clase no da lugar a mejores resultados.15
Conclusiones
Creo que mi relato habla por sí solo. Recordamos con horror los malos tratos infligidos a los pacientes psiquiátricos en los manicomios del siglo pasado, por ejemplo, con la terapia del coma insulínico, la lobotomía, la terapia de choque con electricidad o fármacos que provocaban fracturas horribles, un sueño profundo que duraba días o semanas, y descargas eléctricas y eméticos contra la homosexualidad.
Lo que pocos se dan cuenta es que, dentro de 50 o 100 años, la gente mirará hacia atrás con horror y no entenderá por qué permitimos que los psiquiatras mataran a muchos de sus pacientes con fármacos que no aportaban ningún beneficio significativo y causaban daño cerebral permanente en muchos de ellos.2,8
Los antipsicóticos son tan tóxicos que duplican la mortalidad. La psiquiatría es la única especialidad médica en la que los médicos pueden matar a sus pacientes con un fármaco —que los propios pacientes les suplicaban que no utilizaran— con total impunidad.
¿No deberíamos dejar un legado mejor que este?
Debemos impulsar nuevas demandas judiciales para que la psiquiatría sea menos dañina de lo que es actualmente. Me siento orgulloso de las cuatro valientes mujeres noruegas que se enfrentaron a un sistema profundamente injusto e inhumano, dotado de un enorme poder, y ganaron.
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Referencias
1 Gøtzsche PC. Why lawsuits about psychiatric malpractice are difficult to win. Brownstone Journal 2025;Nov 6.
2 Gøtzsche PC. Deadly psychiatry and organised denial. Copenhagen: People’s Press; 2015.
3 Gøtzsche PC, Sørensen A. Systematic violations of patients’ rights and safety: Forced medication of a cohort of 30 patients. Ind J Med Ethics 2020;Oct-Dec;5(4) NS:312-8.
4 Tasch G, Gøtzsche PC. Systematic violations of patients’ rights and safety: forced medication of a cohort of 30 patients in Alaska. Psychosis 2023;15:145-54.
5 Gøtzsche PC. Psychiatric patient won a forced treatment case against the Norwegian State. Mad in America 2026;March 12.
6 Gøtzsche PC. Forced drugging with antipsychotics is against the law: decision in Norway. Mad in America 2019;May 4.
7 Gøtzsche PC, Bang J, Schwensen E. The illusion of psychiatry. Documentary film, presented at the Mad in Norway film festival 24 Sept 2026.
8 Gøtzsche PC. Is psychiatry a crime against humanity? Copenhagen: Institute for Scientific Freedom; 2024 (freely available).
9 Leucht S, Helfer B, Dold M, et al. Lithium for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2015;10:CD003834.
10 Vejledning om behandling med psykofarmaka af voksne med psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser. VEJ nr 9697 af 10/09/2024.
11 Samara MT, Klupp E, Helfer B, et al. Increasing antipsychotic dose for non response in schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2018;5:CD011883; Davis JM, Chen N, Glick ID. A meta-analysis of the efficacy of second-generation antipsychotics. Arch Gen Psychiatry 2003;60:553-64.
12 Hallas J. Brug af flere antipsykotika samtidig og risikoen for død. Ugeskr Læger 2007;169:618; Gøtzsche PC. Polyfarmaci med antipsykotika øger dødeligheden. Ugeskr Læger 2016;178:397.
13 European Convention on Human Rights. Rome 1950;Nov 4.
14 Rekstad HM. Ellers får du klare deg selv. Når følelser blir behandlet som sykdom. Calidris forlag; 2025.
15 Gøtzsche PC. Critical psychiatry textbook. Copenhagen: Institute for Scientific Freedom; 2022; Santaguida P, MacQueen G, Keshavarz H, et al. Treatment for depression after unsatisfactory response to SSRIs. Comparative Effectiveness Review No. 62. (Prepared by McMaster University Evidence-based Practice Center under Contract No. HHSA 290 2007 10060 I.) AHRQ Publication No.12-EHC050-EF. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2012:April; Rink L, Braun C, Bschor T, et al. Dose increase versus unchanged continuation of antidepressants after initial antidepressant treatment failure in patients with major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized, double-blind trials. J Clin Psychiatry 2018;79;17r11693; Samara MT, Klupp E, Helfer B, et al. Increasing antipsychotic dose for non response in schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2018;5:CD011883.