Con demasiada frecuencia, quienes hemos sufrido una o varias crisis de «salud mental» quedamos marcados por una o varias etiquetas diagnósticas que terminan definiendo toda nuestra vida. Aunque las crisis no vuelvan a repetirse con la misma intensidad, o incluso aunque la persona recupere gran parte de su funcionamiento, es habitual que se la considere «crónica» y se dé por hecho que nunca podrá desarrollar una vida laboral normal.

En muchos casos, el derecho al trabajo acaba siendo sustituido por una prestación por incapacidad permanente absoluta. Lo que debería ser una medida de protección puede convertirse, para algunas personas, en una barrera que dificulta recuperar la autonomía, la autoestima y la participación en la sociedad.

A ello se suma que los tratamientos farmacológicos, concebidos inicialmente para estabilizar una situación de crisis, pueden prolongarse durante años o incluso de forma indefinida. Aunque estos medicamentos resultan beneficiosos y necesarios para muchas personas, también pueden producir efectos secundarios importantes que afectan a la salud física, la energía, la motivación y la calidad de vida. Por ello, es razonable preguntarse si todos los tratamientos de larga duración se revisan con la frecuencia y la individualización necesarias.

El resultado es que algunas personas acaban atrapadas en un círculo de diagnóstico, medicación, dependencia institucional y exclusión social. Poco a poco dejan de ser vistas como ciudadanos con capacidades, proyectos y talentos, para convertirse únicamente en «pacientes» o «usuarios» del sistema.

La pregunta, entonces, merece una reflexión profunda: ¿estamos realmente enfermos o, en ocasiones, determinadas respuestas del sistema terminan contribuyendo a cronificar nuestra situación? Reconocer la existencia de los trastornos mentales no debería impedir cuestionar aquellos modelos asistenciales que, en lugar de favorecer la recuperación y la autonomía, pueden acabar consolidando la dependencia y la marginación.

Toda persona merece que se evalúen periódicamente sus capacidades reales, que se respeten sus derechos y que se le ofrezcan oportunidades para reconstruir su proyecto de vida. Un diagnóstico no debería convertirse en una condena permanente ni en la pérdida de la dignidad, la esperanza o el derecho a participar plenamente en la sociedad.

Por Elías Romano.